Casi 40.000 interinos optan a 15.000 plazas de funcionario. Las pruebas incluían la repetición los caóticos exámenes para función pública de hace dos meses y para estabilización de maestros
Cerca de siete millones de personas opositan en España para ganar estabilidad laboral y calidad de vida. La Administración busca relevo ante el envejecimiento de sus trabajadores
Resulta extraño que en la campaña electoral se haya obviado la gravedad de una situación que afecta gravemente a toda la ciudadanía y que exige una solución inmediata
La empresa que gestionó las pruebas acusa a la administración de no facilitar suficientes aulas y de entregarle tarde los exámenes, y duda de la base jurídica para la rescisión del contrato
Relato de dos aspirantes desde las aulas de la Facultad de Filología de Barcelona donde se aplazaron las pruebas específicas de los educadores sociales
Las movilizaciones simultáneas de jueces y fiscales, funcionarios y letrados del turno de oficio para reclamar mejoras salariales expresan el malestar generalizado en el sector
Las cinco asociaciones profesionales que secundan las movilizaciones argumentan el adelanto de la convocatoria en lo ajustado de los plazos para empezar el paro el día 16
Más de la mitad de los funcionarios actuales se jubilarán en un plazo de 10 a 15 años, y la oferta de empleo público comienza a reflejar la necesidad de renovar miles de puestos
EL PAÍS entrevista al portavoz del comité de huelga, que advierte del peligro de “poner en cuestión instituciones tan antiguas”, y al secretario de Estado de Justicia, que concluye: “hay funciones de los letrados que pueden hacer otros cuerpos”
Solo un tercio de los profesores son fijos en seis campus públicos de reciente creación en Cataluña, Madrid y Baleares. Con la reforma, unos 26.000 docentes asociados serán indefinidos a tiempo parcial
La Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta ha gestionado 119 iniciativas, la mayoría de renovables, de más de 8,7 millones de euros, al agilizar sus trámites administrativos
La Inspección reclama el cumplimiento del acuerdo que firmaron los sindicatos con el ministerio de Trabajo, que desvía la responsabilidad hacia Hacienda